El sindicato USCA dice que el Gobierno tenía preparada la militarización y por eso aprobó el decreto antes del puente.
El portavoz de USCA César Cabo ha asegurado este viernes que los controladores trabajan "bastante mejor" militarizados que bajo las órdenes de AENA y que el trato recibido por parte de los militares está siendo "respetuoso". "AENA, como era juez y parte, decidía con menor precisión los aviones que cabían por ruta", ha afirmado en una entrevista a El Periódico de Catalunya.
Cabo reiteró que los controladores "no tenían la intención de hacer una huelga", pero que tras reunirse en asamblea y analizar el decreto aprobado por el Ministerio de Fomento, y al ver que se añadían más horas de trabajo y no se contaban las horas de baja de maternidad o por motivos de salud, el colectivo "se incendió".
"Se creó un clima que no era el idóneo para controlar aviones, muchos no se encontraban en condiciones, como cualquier trabajador que repentinamente se encuentra mal", ha explicado, para aclarar que los controladores que se encontraban reunidos en un hotel de Madrid estaban en asamblea y "fuera de turno".
El portavoz de USCA ha insistido en que fue AENA la que decidió cerrar el espacio aéreo cuando "muchos seguían trabajando". "Sin el decreto esto no hubiera ocurrido, no habría habido falta de plantilla y habría salida más del 95% de los vuelos, ya que cuando se decidió el cierre trabajaba más del 70%", ha afirmado.
Cabo se preguntó por qué Fomento no expedientó directamente a los controladores de Santiago y se decidió en cambio a sacar el decreto justo el día 3 de diciembre. "El Gobierno tenía la militarización preparada", opinó.
Preguntado por la presentación masiva de bajas injustificadas, Cabo indicó que habría que probar antes que esto ha sido así y recordó que la Fiscalía ya abrió en verano diligencias por este motivo y la inspección médica "no ha detectado ni una sola".
"Es un buen sueldo, que no llega a los 200.000 euros anuales, pero la situación laboral es asfixiante (...) y eso es lo que ha provocado esta explosión, desproporcionada y terrible", ha señalado. Sobre la situación a la que se enfrenta ahora el colectivo a partir de ahora, con penas de hasta ocho años de cárcel, Cabo apuntó que habrá que ver cómo evoluciona el proceso y "afrontar las consecuencias".
"Reacción desmedida que no se repetirá
Tras reconocer que los que más han perdido han sido los usuarios, a quienes pidió de nuevo disculpas, admitió que se les ha puesto una trampa en la que han caído. "Ha sido terrible lo ocurrido, fue una reacción desmedida que no se repetirá, pero la gente debe entender que algo muy gordo nos ha inducido a una situación casi de suicidio colectivo. Una profesión no da este salto al vacío porque sí", ha defendido.
No obstante, aclaró que no se pueden confundir privilegios con derechos y apuntó que en 1999 había un 40% menos de aviones que ahora y que la plantilla no ha crecido en consonancia. "No han sabido resolver el problema formando a más controladores, lo han intentado a base de decretazos y poniéndonos a trabajar a capón", agregó.
Finalmente, consideró que Fomento y AENA también son responsables de lo ocurrido. "Se nos ha usado para que no se hable de la privatización de AENA, ni de la retirada de los 426 euros a los parados. Hemos sido el chivo expiatorio ante la sociedad", concluyó.
Siguen sin declarar ante el fiscal
Por otro lado, los seis controladores aéreos citados a declarar esta mañana ante la Fiscalía de Madrid en calidad de denunciados han mantenido la postura de sus compañeros de acogerse a su derecho constitucional de no declarar al estimar que se les debe interrogar en el marco de la jurisdicción militar con motivo de estar movilizados desde el pasado sábado tras la militarización del espacio aéreo español, han informado fuentes fiscales.
A su salida de la Audiencia, los controladores han abandonado las dependencias acompañados de sus abogados y se han negado a contestar a las preguntas de los medios informativos congregados en esta sede judicial. Respecto a su situación, el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha estimado que no procede solicitar ninguna medida cautelar contra ellos, puesto que lo considera "desproporcionado" e "injusto" respecto a sus otros compañeros.
La Fiscalía de Madrid mantiene las declaraciones del próximo lunes en las que se interrogará a otros ocho controladores por un delito de sedición. No obstante, prevé remitir la próxima semana la denuncia ante los Juzgados ordinarios para que les tome declaración un juez, así como la documentación obtenida estos días a través de las diligencias practicadas.
Según las mismas fuentes, las investigaciones están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar. Desde la Fiscalía han confirmado que, el mismo día 3, una dotación del Suma se trasladó a una de las Torres de Control del aeropuerto de Madrid-Barajas tras recibir una llamada, dando la baja médica a ocho controladores tras diagnosticarles un estado de estrés.
En la rueda de prensa de ayer, Esteban insistió en que la Fiscalía de Madrid seguirá investigando a través de la policía. El fiscal se mostró contrario a que esto se investigue por la jurisdicción militar al estimar que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretara la militarización del aeropuerto por el caos aéreo.
